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Para explicar conceptual y teóricamente los temas de la materia política y electoral, ponemos a tu disposición este espacio para que nos envíes tus artículos de opinión.


Curules gratuitas a partidos políticos
(Inconstitucionalidad del artículo 28 de la Legipe)


Arturo Ramos Sobarzo

El pasado 4 de septiembre de este año, en el marco de la resolución de diversas acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo SCJN) declaró la invalidez del artículo 28, párrafo 2, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). 1 Dicho precepto, en tales incisos, establecía a nivel estatal que: “Al partido político que obtenga en las (…) elecciones 3% de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido”. El siguiente inciso a su vez establecía que “realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en las leyes locales”.

La SCJN declaró la inconstitucionalidad de lo anterior por dos razones fundamentales: 1) la invasión del ámbito federal mediante la regulación señalada respecto a una materia que se encuentra reservada constitucionalmente al espectro local y; 2) la violación a las bases fundamentales del sistema de representación proporcional.2

1) Respecto al primer punto, la SCJN determinó por una mayoría de nueve votos,3 que tal regulación, es decir, la circunstancia de otorgar una curul a aquellos partidos por el simple hecho de rebasar la barrera legal de 3%, es una materia que no le corresponde al legislador federal, pues el artículo 116 constitucional, fracción II, párrafo tercero, reserva esa materia al legislador local cuando afirma que “las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes”, es decir, es en ese marco normativo en donde debe definirse el acceso al sistema de representación proporcional, a pesar de que la Legipe sea una ley marco tanto para el ámbito federal como estatal.

Así, con una perspectiva comparatista del punto, y en un tema clásico del derecho constitucional (la distribución competencial entre la Federación y los estados parte), la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Shelby v. Holder4 determinó recientemente la inconstitucionalidad de un aval federal (preclearance) establecido en la Voting Rights Act, consistente en que para modificar las leyes electorales de los estados se requería de una aprobación proveniente de una corte federal ubicada en Washington o mediante la intervención del Departamento de Justicia. Dicha medida se estableció en los 60 como una manera de prevenir y evitar legislaciones racistas en algunas entidades. La relación de ese caso con el tema en comento, al margen de referirse a un tema de elecciones, se trata de la definición competencial entre lo federal y lo local, así como lo vigente de tal problemática en el sentido de dejar claro el ámbito de decisión en la regulación de los estados. En uno y otro caso, de manera reciente encontramos un fuerte sentido por decantarse a favor de las decisiones dentro de los estados.

2) Por otro lado, en relación a la Legipe, la segunda razón de la invalidez señalada consistió en la afectación de los principios del sistema de representación proporcional, ya que, con el otorgamiento de una curul de forma automática sin descontar de la votación de los partidos políticos, el porcentaje de votos que implica precisamente dicha curul, no tenía un soporte en el voto ciudadano. El anterior argumento se basa en que si el sistema de representación proporcional está hecho para lograr una representación lo más fiel posible de los votos (situación que puede distorsionarse en el sistema de mayoría relativa), el hecho de que esa curul se entregue a los partidos políticos de forma automática, implica un desfase entre la votación recibida y las curules a otorgar a dichos partidos.

En ese contexto, debe mencionarse que esa discusión ha estado presente a lo largo del desarrollo de la justicia electoral y constitucional. Así tenemos que en el SUP-JRC-004/20055 hubo una discusión sobre si debería descontarse o no de la votación recibida por un partido político, el porcentaje de votos representado por una curul otorgada por el mero rebase de la barrera legal. En aquella ocasión, la posición mayoritaria de la Sala Superior determinó que debería de descontarse el porcentaje de votos correspondiente de la curul entregada, a pesar de que la ley no lo indicara así, esto en virtud de que con tal interpretación, se apelaba a los principios de la representación proporcional, o sea, conseguir la mayor fidelidad entre votos y curules en el órgano legislativo. De igual manera, puede destacarse una posición minoritaria, la cual argumentaba que el sistema de representación proporcional en esa entidad no era un sistema puro y por tanto, era válido aceptar constitucionalmente, que una entidad federativa agregara o adicionara modulaciones al respecto sin tener que deducir la votación que implicaba dicha curul.

En esa tesitura y nuevamente en un plano comparativo, respecto al argumento de la inconstitucionalidad de un artículo sobre la base de la afectación al sistema de representación proporcional, cabe destacar la sentencia 1/2014 de la Corte Constitucional italiana.6 En dicha sentencia, se declaró inconstitucional la figura del premio di maggioranza (premio de mayoría o cláusula de gobernabilidad entre nosotros) la cual consiste en otorgar al partido político con más votos, las curules suficientes para tener la mayoría en el parlamento. La Corte italiana consideró inconstitucional lo anterior (a pesar de que se realizaron diversas elecciones con dicha norma) porque las curules entregadas al partido con votación mayoritaria no tenían propiamente un respaldo del voto ciudadano y por ende afectaban ese derecho. El premio de la maggioranza se estableció como una medida en aras de lograr una mayor gobernabilidad en el parlamento, por la pulverización del poder a partir de múltiples partidos que dificultaban los acuerdos en el seno legislativo. Dicha sentencia motivó emitir una nueva ley en marzo de 2014 (Italicum) la cual si bien establece el premio de la maggioranza, ésta se encuentra acotada.7 Finalmente vale la pena destacar que el derecho comparado puede servir no solo para revisar determinada regulación, sino para ponderar argumentos a favor o en contra en torno a la interpretación constitucional posible.


1 El punto al que nos referimos se contiene en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas.

2 La discusión se puede consultar en https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/04092014PO.pdf

3 El ministro Zaldívar votó en contra y el ministro Valls no estuvo presente.

4 La sentencia puede consultarse en http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-96_6k47.pdf

5 La sentencia se puede consultar en http://tribunal-electoral.vlex.com.mx/vid/-43494596 . El magistrado Orozco Henríquez fue quien votó en contra.

6 La sentencia se puede consultar en http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&
numero=1

7 En este blog se explican los cambios de la ley Italicum http://www.polisblog.it/post/196977/come-funziona-legge-elettorale-renzi-berlusconi-testo


 

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