La intervención de la Dirección Jurídica en el Proceso Electoral Federal 2008-2009 fue fundamental para el buen desarrollo de las elecciones, debido a que llevó a cabo actividades sustantivas que permitieron salvaguardar la legalidad de los actos desarrollados por sus órganos centrales y desconcentrados.

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Desde el inicio del proceso, la citada unidad técnica coadyuvó en la capacitación jurídica de los vocales ejecutivos y secretarios de las 332 juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto, participando activamente en las reuniones regionales celebradas en Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Distrito Federal y Mérida. Posteriormente colaboró en la capacitación correspondiente de los consejeros electorales y asesores jurídicos de los órganos delegacionales.

En paralelo a las tareas de capacitación descritas y a lo largo de todo el período electoral, la Dirección Jurídica atendió una de las atribuciones, sin duda, más importantes: los procedimientos administrativos sancionadores, tanto especiales como ordinarios. Al respecto, cabe mencionar que justamente uno de los aspectos trascendentes de la reforma electoral, concretada entre 2007 y 2008, fue la adición de los supuestos de infracciones administrativas y sujetos sancionables, así como el tipo de procedimientos.

En este tema, durante el período comprendido entre el 3 de octubre de 2008 y el 30 de julio de 2009, la Dirección Jurídica propuso la resolución de 270 procedimientos especiales y llevó a cabo el trámite de 235 procedimientos sancionadores ordinarios. De esta manera, se sentaron precedentes únicos en la historia democrática nacional, en cuanto al llamamiento a juicio de empresas, concesionarias de radio y televisión, grupos parlamentarios, candidatos y autoridades, entre las que se encuentran legisladores, presidentes municipales y gobernadores.

Asimismo se construyeron criterios de interpretación que debió confirmar la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Entre éstos se encuentran los relativos a la configuración de las infracciones cometidas por los concesionarios de radio y televisión por incumplimiento de la obligación de transmitir los promocionales de la autoridad electoral y los institutos políticos; la inclusión de la licitud de logros de gobierno en la propaganda de los partidos políticos; y la configuración de calumnias y ofensas en la propaganda electoral.

Por otra parte, correspondió a la unidad técnica, la defensa de los actos y resoluciones emitidos por los órganos centrales del Instituto Federal Electoral, de tal suerte que en este proceso electoral se tramitaron 345 medios de impugnación, tales como Recursos de Apelación, Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y Recursos de Revisión.

Otra función sustantiva del área, es la correspondiente a la revisión y participación en materia de convenios de apoyo y colaboración. En lo que concierne al proceso electoral, se suscribieron nueve acuerdos de voluntades con diversas autoridades, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría General de la República (a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales), la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C.

De la misma manera, con relación a la organización de los procesos electorales locales coincidentes con el federal, que tuvieron verificativo el 5 de julio de 2009, se formalizaron once convenios y/o anexos técnicos de apoyo y colaboración con las autoridades electorales de los estados de Campeche, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

En lo concerniente a los asuntos de carácter contencioso de la Dirección Jurídica, se actuó en defensa de los intereses legales del Instituto y del orden jurídico electoral. Se iniciaron 881 averiguaciones previas y participó en la integración de 459 actas circunstanciadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, coadyuvando oportunamente con el Ministerio Público en la debida integración de las indagatorias. Asimismo, se iniciaron diez averiguaciones previas relacionadas con diversos hechos delictivos que se suscitaron en perjuicio del patrimonio del Instituto.

Por otro lado, se atendieron 52 juicios de amparo promovidos en contra de autoridades del Instituto por actos en materia de acceso a radio y televisión, así como 45 incidentes de suspensión de dichos actos reclamados, obteniendo sentencias favorables en 30 juicios. También se defendieron los intereses del Instituto en 12 juicios laborales promovidos por algunos CAE, obteniendo sentencia favorable en 6 de ellos. Se espera resolución en el mismo sentido en el resto de los asuntos.

Finalmente, la Dirección tuvo presencia en el proceso de entrega de las boletas electorales en los Talleres Gráficos de México, mediante el servicio de notarios, a fin de proporcionar certeza.

En síntesis, podemos manifestar que independientemente de que revistió un reto la aplicación de las nuevas disposiciones de las reformas constitucionales y legales comentadas, la experiencia, el profesionalismo y la disponibilidad del personal adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral permitió que durante el desarrollo del proceso electoral, se cumplieran a cabalidad las tareas que fueron encomendadas a esta unidad técnica. En el desarrollo de sus actividades siempre se observaron los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen la función electoral.